València, 13 abr (EFE).- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido más de cuatro toneladas de picadura de tabaco, que iban a ser distribuidas mediante envío de paquetería, durante el año 2020 en la provincia de Valencia, y ha denunciado a 648 personas por infracción administrativa de contrabando.
Esta práctica vulnera las normas sanitarias, las reguladoras del mercado de tabacos y las normas tributarias establecidas para el pago de los impuestos, tanto del IVA como del Impuesto Especial al que están sometidas las labores del tabaco, ha informado la Guardia Civil.
El aumento del consumo de picadura de tabaco ilegal, que se viene detectando desde hace unos años, y el confinamiento y las restricciones de movilidad durante el Estado de Alarma desde el inicio de la pandemia han sido los principales motivos para que muchos de los consumidores habituales empezaran a realizar sus pedidos por la web tanto a vendedores de grupos organizados como al llamado perfil de subsistencia u oportunista.
En marzo de 2020, el gremio de estanqueros de la provincia de València dio la voz de alarma por la bajada espectacular de las ventas legales de picadura de tabaco para liar, lo que motivó la apertura de una operación conjunta entre el Servicio Fiscal de la Comandancia de Guardia Civil y del Área Regional de Vigilancia Aduanera, de València, con la colaboración del citado gremio, que sigue abierta.
En el transcurso de las investigaciones se llegó a la conclusión de que los canales más importantes para la distribución del producto eran precisamente los servicios de envío de paquetería. Para ello, los responsables de esta actividad ilícita utilizaban canales de comunicación en la web, y en algunos casos páginas incluso no autorizadas para ofrecer su venta.
Los potenciales clientes, en muchos casos, desconocían el carácter ilícito de sus compras.
Fruto de las investigaciones, durante 2020 se realizaron numerosos controles e inspecciones de paquetería y se detectaron multitud de envíos de picadura de tabaco que culminaron con la aprehensión de 4.200 kilos de este producto en un año.
Como parte de esta operación, en marzo de este año culminó la denominada AMARECO con la desarticulación de una organización criminal que enviaba este producto que hacía pasar por picadura de tabaco legal a bajo precio a toda España, con la detención de cuatro personas y dos investigadas en Córdoba y Sevilla.
En esa operación, los agentes se incautaron de una tonelada y media y acreditaron la comercialización ilegal de casi 12 toneladas más, con un impacto económico por la defraudación de impuestos de más de dos millones de euros.
Además del perjuicio causado a la Hacienda Pública por la disminución de ingresos a través de los impuestos, el comercio ilícito de tabaco trae consigo un riesgo sanitario añadido al carecer los productos distribuidos ilegalmente de controles de calidad adecuados, generando una competencia desleal muy grave en perjuicio de los operadores económicos legales.
Y supone una estafa al propio consumidor porque está comprando un género que sustituye a la picadura para liar, la legal, cuando, en realidad, no lo es en sentido estricto (lo que compra se denomina strip de hoja de tabaco, un producto bastante inferior a la picadura), sin embargo la paga como tal, señalan las fuentes.
