Mérida, 30 may (EFE).- Un centenar de toneladas de tabaco ilegal se aprendieron el año pasado en Extremadura, una realidad que además de hacer un daño a la hacienda pública, lo provoca también en el consumidor por ser un producto carente de control sanitario que puede suponer un “riesgo” para la salud.
La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha ofrecido este mensaje momentos antes de clausurar, en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, una jornada sobre el comercio ilícito de tabaco dirigido a efectivos de este cuerpo y policías locales y nacionales de la región.
En declaraciones a los medios, ha explicado que se está trabajando “intensamente” en el desmantelamiento de fábricas ilegales de tabaco en España, sobre todo en Andalucía, que es la comunidad autónoma que acumula un mayor número de operaciones.
En el caso de Extremadura ha indicado que aunque no se registra una gran incidencia en materia de fábricas, sí tiene una cifra destacada en aprehensiones con un centenar de toneladas el año pasado listas para distribuirse de forma ilegal.
Según ha expresado, se trata de velar por la trazabilidad del tabaco mediante un control “complejo y completo” para que cualquier cigarrillo que se consuma “se sepa de dónde viene, quién lo ha transformado y que cumple con todas las garantías”.
Por ello ha hecho un llamamiento a los consumidores porque cuando el tabaco no está convenientemente controlado “puede suponer un riesgo para la salud, aparte de ser un consumo absolutamente irresponsable e insolidario”.
En este sentido, García Seco ha indicado que el contrabando supone también un “fraude” a la hacienda pública y un perjuicio a la producción extremeña de tabaco que “se está haciendo con todas las garantías”.
A preguntas de los medios respecto a las quejas de la organización agraria ASAJA sobre las nuevas normas de control del tabaco y los requisitos para su movilización, la delegada del Gobierno ha respondido que se trata de un producto que requiere un “control extraordinario” por motivos sanitarios y fiscales.
“Los cultivadores extremeños han demostrado como cumpliendo las normas y adaptándose a una producción cada vez más sostenible y regulada pueden continuar en el mercado ofreciendo un producto de calidad y con todas las garantías”, ha añadido.
Según ha subrayado, gracias a los controles que se ejerce sobre esas producciones se puede demostrar que el tabaco que se pone en el mercado es “de alta calidad y que además cumple con todos los requisitos técnicos y fiscales”.
La jornada celebrada este lunes en Mérida se enmarca en el plan integral de la Guardia Civil de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda y, desarrollada en colaboración con la compañía Philip Morris, ha llegado ya a más de siete mil agentes del país desde 2015.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, se calcula que aproximadamente el 6,8 % de los cigarrillos consumidos en España no han tributado los correspondientes impuestos, de acuerdo con el último estudio de paquetes vacíos realizado por la empresa IPSOS.
Ha advertido además de un “importante auge” del fenómeno de fabricación clandestina de cigarrillos, vinculado a la falsificación de marcas de tabaco y liderado por organizaciones criminales internacionales.
