Madrid, 13 ago (EFEAGRO).- Aquellos contrabandistas gallegos que en las décadas de los 80 y 90 alijaban tabaco en las Rías Baixas se han reciclado. Aliados con otros viejos colegas andaluces, han sofisticado el «negocio» con organizaciones que en plena pandemia lograron esquivar las restricciones. Pero la Guardia Civil les ha echado el guante.
Los cierres perimetrales y de fronteras en lo más duro de la pandemia hicieron mella en la delincuencia en general, que se redujo, pero no así en el tráfico ilícito de tabaco, que siguió su actividad amparado en un transporte terrestre -furgonetas y camiones- sometido a un menor control por la necesidad de abastecimiento.
Además, contaba con otro factor a su favor. El confinamiento no fue precisamente el momento ideal para dejar de fumar. Incluso, algunos volvieron al vicio, y otros se «engancharon». Los clientes estaban asegurados.
Pero la Guardia Civil, y su Unidad Central Operativa (UCO), tampoco paró y, de hecho, desde el primer estado de alarma (en marzo de 2020) hasta ahora ha llevado a cabo cuatro grandes operaciones contra el tráfico ilegal de tabaco, a las que habría que sumar una quinta justo antes de la pandemia, en febrero.
Operaciones que se suman a la trayectoria de la Guardia Civil en este ámbito, que ha convertido a este cuerpo en referente nacional e internacional en la lucha contra el contrabando de tabaco en la última década, con el desmantelamiento de organizaciones criminales y fábricas ilegales.
CAE EL CLAN GALLEGO MÁS ACTIVO DE LA ÚLTIMA DÉCADA
La última operación fue bautizada con el nombre de Alecrín y en ella ha caído el clan gallego más activo de la última década y del que formaban parte históricos contrabandistas de esa comunidad -que en las últimas décadas del siglo pasado llegó a ser el punto principal de entrada del tabaco ilegal- y de Andalucía, una región desde la que tradicionalmente se ha distribuido esta mercancía.
El comandante Carlos Gallego, responsable del Grupo de Delincuencia Económica 1 de la UCO, explica a Efeagro los detalles de esta operación, que supuso la detención de 29 personas (dos de ellas en Portugal), 125 registros (100 en territorio luso), la incautación de 2 millones de euros en efectivo y la aprehensión de 51 toneladas de hoja de tabaco y de 2 millones de cajetillas valoradas en 9,5 millones de euros.
Unas cifras que dan cuenta de la envergadura de este negocio ilícito y de los beneficios que las organizaciones obtienen de él. Mucho dinero que luego blanquean en otras actividades ilegales, como el tráfico de drogas o de seres humanos, amén de en la compra «a tocateja» de inmuebles, fincas, cortijos, coches de alta gama….
LA ALIANZA DE GALLEGOS Y ANDALUCES
En la alianza de gallegos y andaluces todo estaba atado. Supuestamente. Era la parte española la más interesada en impulsar un negocio de toda la vida y en la salida del producto al mercado negro.
Para ello, había que contar con la otra parte, la extranjera, la que tenía que proveer de la materia prima, instalar la fábrica, traer la maquinaria y, además, contar con trabajadores cualificados que, aun a sabiendas de la actividad ilícita en la que iban a participar, mantuvieran la boca cerrada en aras de un salario que en su país, Ucrania, nunca iban a conseguir: entre 2.000 y 3.000 euros al mes.
Con una mano de obra asegurada y que, además, venía con un falso contrato de trabajo que le permitía «salvar» las restricciones, el siguiente paso era poner en marcha la fábrica, una misión encomendada a la parte búlgara de la organización.
Manzanares (Ciudad Real) fue la localidad elegida para instalar la fábrica con una inversión que superó el millón de euros. Porque la organización cuidaba todos los detalles, incluido un control de calidad para que el cigarrillo que de allí saliera no tuviera nada que envidiar al del mercado legal.
Hasta la fábrica llegaba por carretera la materia prima (desde Bulgaria), el cartonaje (hasta de diez marcas distintas), los filtros y los precintos (falsificados).
Era la parte sevillana la encargada de este proceso y la que antes de que la materia prima llegara a la fábrica, la «enfriaba» en naves ubicadas en la provincia de Sevilla. Con ello intentaban eludir el control policial.
Desde esas naves, los sevillanos, algunos de ellos camioneros de toda la vida, transportaban la materia prima hasta la fábrica, donde se elaboraban los cigarrillos.
Por carretera, se trasladaba el producto final a Galicia, en concreto a Silleda (Pontevedra), donde ya se hacía cargo la parte gallega de la organización. Porque era ella la que alquilaba furgonetas y camiones articulados para llevar la mercancía a su destino final: Portugal.
El comandante de la UCO explica a Efeagro que al menos desde hace año y medio, los sevillanos han suministrado tabaco a los gallegos y estos a los portugueses. Y calcula que la fábrica tenía una producción semanal de unas 250.000 cajetillas.
Si el 80 por ciento del precio de tabaco legal son impuestos, la organización -subraya el comandante- ha podido cometer un fraude a la hacienda pública por valor de un millón de euros semanales.
Este mando de la Guardia Civil reconoce su satisfacción porque 9 de los detenidos hayan ido a prisión. Al fin y al cabo, el contrabando de tabaco aún no tiene el reproche penal y social que quizá merecería.
