La Sección Tercera de la Audiencia juzgará a los integrantes de una «organización» que presuntamente diseñó una operación de desembarco de tabaco de contrabando que habría tenido lugar hace cinco años en el Mediterráneo y que fue abortada por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El grupo estaba integrado por nueve personas, tres de ellas residentes en Orio y otra, en Donostia. Los restantes encausados son de nacionalidad libanesa y siria. La Fiscalía de Gipúzkoa solicita para los investigados penas que oscilan entre 10 y 4 años de prisión. La petición de pena de todos ellos suma 56 años de cárcel. El tabaco intervenido estaba valorado en casi cinco millones de euros.
Los hechos que son objeto de este proceso se remontan a los años 2012 y 2013. De acuerdo al escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Gipuzkoa, los cuatro guipuzcoanos y uno de los ciudadanos libaneses «conformaban una red criminal organizada» que se dedicaba a la introducción ilegal en el país de grandes cantidades de tabaco procedente de países no comunitarios para luego ser distribuidas bien en España, Reino Unido e Irlanda.
Para el transporte del tabaco, según precisa el ministerio público, los encausados poseían un remolcador bautizado como ‘White Eagle’. El buque tenía 32 metros de eslora y navegaba bajo pabellón de Honduras o Panamá, «según su conveniencia». La organización los había acondicionado para transportar tres contenedores con capacidad para 1.250.000 cajetillas. Dos de ellos eran de doce metros y el tercero, de seis.
La Fiscalía sostiene que durante 2012 y principios del año siguiente, el navío realizó al menos cinco transportes de tabaco desde el puerto del Famagusta, en Chipre, «que constituía su base de operaciones», hasta las costas españolas, aunque la organización hacía constar como destino oficial Sudáfrica o Senegal.
Preparativos
La operación se inició con la vigilancia del remolcador por medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En los meses de julio y agosto de 2013, según la Fiscalía, tres de los acusados pusieron en marcha los preparativos para realizar un envío de tabaco a España, que la organización tenía almacenado en Chipre. Con esta finalidad, uno de los oriotarras viajó hasta el citado país, donde tramitó los documentos necesarios al tiempo que adquirió varias tarjetas telefónicas de prepago que las distribuyó entre los miembros de la organización «para que pudieran comunicarse y coordinarse entre sí de forma segura, concertar reuniones y recibir las oportunas instrucciones» del presunto cabecilla, afirma la Fiscalía.
En esta ocasión, sin embargo, los acusados, «con el fin de dificultar el seguimiento de la carga y ocultar su verdadero destino», dice la fiscal del caso, decidieron establecer Egipto como punto de partida del transporte. Al parecer, lo hicieron porque pensaron que Chipre ya no era seguro. Así, contactaron con una empresa de Port Said dedicada a la reparación de buques, almacenaje y trámites aduaneros, y a continuación estudiaron qué ruta era las más favorable para llevar a cabo la operación.
En los meses siguientes, se terminó de diseñar el plan para transportar el tabaco de Chipre a Egipto. Finalmente, la mercancía llegó a Port Said por mar, a bordo de otro barco, en tres contenedores. En total había 2.000 cajas de la marca American Legend y 467 de Gem Red Cigarretes, valoradas en 4,9 millones de euros.
Ocultar el destino
Los containers fueron cargados en el remolcador que el 22 de noviembre se hizo a la mar bajo pabellón hondureño rumbo a la costa de Menorca, «si bien para ocultar el destino real», dice la Fiscalía, los encausados hicieron constar en los documentos que el puerto de descarga era Lomé, capital de Togo.
Tras diez días de singladura, el barco consiguió arribar a la zona de Cala Porter, en la costa sur de Menorca, y en las horas posteriores comenzó la descarga del tabaco. Sin embargo, cuando llevaban alijadas tres cuartas partes, en concreto 1.711 cajas, valoradas en 3,5 millones de euros, interrumpieron la operación «por causas que se desconocen».
Mientras la mercancía era guardada en un almacén seguro, el barco se hizo de nuevo a la mar, si bien se quedó a pocas millas de distancia «a la espera de una nueva ocasión para descargar el resto del tabaco en la misma zona».
Finalmente, la tarde del 4 de diciembre de 2013, el barco fue abordado por el buque de operaciones especiales ‘Fulmar’ y se intervinieron otras 696 cajas preparadas para alijar y con un valor de 1,3 millones de euros. También fueron detenidos los seis miembros de la tripulación.
Inmediatamente después del abordaje, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en el País Vasco iniciaron la segunda fase de la operación y procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de los dos principales dirigentes de la organización, y de una tercera persona. En el marco del dispositivo se procedió al registro de sus domicilios en Orio y San Sebastián, donde residía el capitán del remolcador.
