Ourense, 2 jun (EFE).- Nueve acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando de tabaco y contra la hacienda pública, se enfrentan a penas de hasta once años de prisión por dedicarse a la fabricación y venta de tabaco ilegal.
Según recoge en el escrito de acusación la Fiscalía, el grupo criminal, integrado por personas de varias nacionalidades -rumanos, moldavos, ucranianos y portugueses- se dedicaba a fabricar tabaco que “enviaba para su venta al extranjero” en medios de transporte que ponía la propia organización.
El modus operandi consistía en traer picadura de tabaco de otros países, mediante transporte terrestre, que era elaborado en una nave en Ourense -cigarrillos y cajetillas- para su posterior venta en el mercado negro.
El fiscal cree que el líder del grupo, sobre el que hay una orden de busca y detención, había constituido una organización “estructurada y permanente en el tiempo, con ramificaciones internacionales”. Para ello, sus integrantes habilitaban naves industriales para fabricar cigarrillos, utilizando para ello mano de obra “no regularizada”.
Dentro de las diferentes funciones que tenía el grupo, esta persona se encargaba de dirigir y coordinar la actividad conjuntamente con otras tres, una de ellas también con orden de búsqueda.
Para ello, a comienzos de 2020 uno de los integrantes estableció su domicilio en Ourense y alquiló una nave de grandes dimensiones en Cambeo (Coles), destinada a la fabricación y distribución de tabaco “de forma secreta y fuera” de la legalidad y procedió a la contratación de trabajadores irregulares.
Además de la nave de Cambeo, los acusados alquilaron otras naves en otras localidades como Oliveira (Ponteareas) o Valladolid con “idéntico fin”.
La Fiscalía ha considerado acreditada la entrada de remolques de grandes dimensiones en la madrugada del 6 y 17 de junio a la nave y también el acopio de numeroso material, y, entre este, camas y colchones para los trabajadores.
Dentro de la estructura, varios de los acusados se dedicaban a coordinar la logística, verificar las rutas, acompañar los montajes y actividades de vigilancia. Además, uno de ellos controlaba la comunicación de los trabajadores “privándoles de los móviles”. El tabaco era comercializado por los propios acusados en embalaje idéntico al que utiliza la empresa PPP Products S.A. para comercializar su marca Marlboro.
Entre el material intervenido figura maquinaria industrial, palés, 552 cajas de cartón con 96.000 kilos de tabaco triturado prensado, éste último en la nave de Pontevedra. También había 600.000 cigarrillos y 880 cajas de tabaco.
Por estos hechos, el fiscal solicita penas de hasta once años de prisión para cuatro acusados -cuatro por pertenencia a organización criminal, otros cuatro por contrabando y tres por el delito contra la hacienda pública-.
Para el resto, pide a su vez siete años, de los cuales tendrán que cumplir dos tercios en territorio español, siendo conmutado el resto del cumplimiento por expulsión durante cinco años .
Además, solicita que abonen “conjunta y solidariamente” a la Hacienda pública 11,8 millones y a PPP Products S.A. la cantidad que acredite en ejecución de sentencia por los perjuicios ocasionados además de interesar que se mantenga la búsqueda y detención de dos investigados. EFE
