Madrid, 27 feb (EFEAGRO).- Ni la crisis, ni el descenso del número de fumadores han acabado con el contrabando de tabaco, un valor seguro de un tradicional «negocio» que combate la Guardia Civil, que en el último lustro ha aprehendido 32 millones de cajetillas, lo que significa multiplicar por casi quince las «legales» que consumen los españoles.
Aunque hoy se fuma menos, hasta el punto de que hemos vuelto a los niveles de hace medio siglo, es decir, a unos 2,15 millones de cajetillas del mercado legal, el contrabando sigue dando pingües beneficios a las organizaciones delictivas, que no se han resentido ni por las prohibiciones de la ley antitabaco ni por la crisis.
Es más. La situación económica que ha mermado las arcas domésticas ha empujado aún más este negocio, ya que la mella en el bolsillo del fumador es menor si éste puede comprar tabaco de contrabando. En marcas de segunda categoría, el ahorro por cajetilla es algo superior a un euro.
Y en la lucha contra este ancestral delito, con escaso reproche penal y social, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha contribuido con la desarticulación desde 2007 de cinco grandes organizaciones criminales dedicadas a la introducción ilegal de cuantiosas partidas de tabaco.
Operaciones que han permitido a sus agentes aprehender 36 contenedores de tabaco de distintas marcas, es decir, unos 12 millones de cajetillas.
Según datos a los que ha tenido acceso Efe, en los últimos cinco años la Guardia Civil se ha incautado de 32 millones de cajetillas, que hubieran supuesto un valor en el mercado de 122 millones de euros, de los que 97 millones serían los que hubieran ingresado las arcas públicas por los impuestos que gravan este producto.
Sin contar, como bien saben los estanqueros del sur de España, con los estragos que la introducción de tabaco ilegal ha hecho en los pequeños comercios, que se han quedado sin clientes y en muchos casos han tenido que echar el cierre.
Otras cifras dan idea de lo que económicamente significa el contrabando de tabaco. Los responsables del grupo de la UCO dedicado a luchar contra este delito lo ilustran a Efe con algo que pudieron constatar en una de sus últimas operaciones.
La red había invertido 250.000 euros en la adquisición de 950.000 cajetillas de tabaco (a 0,26 céntimos cada una). La Guardia Civil «cortó» el negocio de esta organización, que pretendía obtener con la venta al público de esa partida cerca de 3 millones de euros.
Dirigidos por el comandante Antonio Balas, jefe del grupo de Delincuencia Económica de la UCO, el capitán Carlos Gallego y el alférez Marcos Fernández explican a Efe cómo funcionan estas organizaciones, que en uno de sus escalones cuentan con la participación de clanes familiares que desde hace décadas han hecho del contrabando su «modus vivendi».
Zonas del centro de Andalucía (pueblos de Córdoba y Sevilla), de la provincia de Lleida y de Galicia viven del contrabando. Territorios impenetrables en los que se impone la ley del silencio.
Gibraltar, al sur, y Andorra, al norte, son los principales «clientes» de esta actividad delictiva, que ha hecho de la Península Ibérica, Portugal incluido, lugar obligado de paso de una mercancía que empieza su periplo en las fábricas de tabaco ubicadas en países del Este como Rumanía, Letonia o Bulgaria y en otros como Emiratos Árabes.
Desde ellas el tabaco tiene salida por dos vías: la legal y la destinada al contrabando. Esta última a sabiendas en ocasiones de los responsables de la propia fábrica y, en otras, de alguien de su entorno.
En principio, el producto sale de fábrica (a veces bajo demanda después de «crear» la necesidad con la introducción poco a poco de marcas «blancas») con un destino legal aduanero.
Sin embargo, por el camino la mercancía se desvía y va a parar al intermediario que, bien por carretera o por vía marítima, la introduce en España para consumo del propio país y, en mayor medida, para distribuirla en Gibraltar y, desde allí, al Reino Unido.
Precisamente este último «cliente» es el que más beneficios reporta a las organizaciones delictivas, toda vez que el tabaco allí está gravado tres veces más que en España y, por ende, las ganancias se triplican.
Redes perfectamente organizadas que cubren todas las fases del proceso: desde la fabricación, la salida aduanera, el transporte, el almacenaje, la intermediación o el receptor, hasta el vendedor callejero.
Entre todos se reparten, por supuesto de forma proporcional a la «cadena de mando», un beneficio que ronda el 80 por ciento.
Una estructura ya montada que a algunas de estas organizaciones les ha permitido «diversificar» su actividad y utilizarla para el tráfico de drogas, aprovechando, por ejemplo, sus «contactos» en los puertos.
Pero no todos estos grupos están por esa labor. Conscientes de que el reproche penal es menor que el del tráfico de drogas -como mucho entre 5 y 6 años de cárcel- y de que su actividad no genera alarma social, no está excesivamente mal vista y, según ellos, no causa tanto perjuicio para la salud como las drogas, un buen número de «clanes» prefiere seguir en ese negocio familiar heredado: el contrabando de tabaco.
Sagrario Ortega. EFEAGRO