Valencia, 3 sep (EFE).- Catorce personas han sido detenidas en la Operación «CAMOTE» de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que ha permitido desmantelar la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco, así como intervenir diecinueve toneladas de picadura de tabaco.
Esta intervención supone una de las mayores aprehensiones de picadura de tabaco realizadas en España valorada en más de 1.300.000 euros.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, además de los detenidos (once hombres y tres mujeres, de nacionalidad española y cubana y edades comprendidas entre los 28 y 58 años), se ha investigado a otras seis personas de nacionalidad española y con edades entre los 19 y 56 años.
Asimismo, se han practicado nueve registros en diversos domicilios y naves industriales en diferentes municipios de Valencia y Sevilla, en los que se han intervenido 19.000 kilogramos de labores de tabaco.
También maquinas para la manufactura de productos del tabaco y maquinaria pesada para el secado del tabaco, así como numerosos sacos que contenían sustancias químicas para su uso en la elaboración del producto final.
Los agentes intervinieron además cuatro vehículos, 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación relacionada con los delitos investigados, material informático y un arma detonadora.
La operación se inició en noviembre del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaba introduciendo grandes partidas de tabaco ilegal desde Letonia, que tras ser manipuladas, eran distribuidas por el territorio nacional y Portugal, a través de empresas de paquetería o por venta directa.
Los agentes efectuaron las comprobaciones necesarias de estas partidas de tabaco pudiendo constatar que las sustancias analizadas se trataban de picadura de tabaco y que dicha actividad está sujeta a impuestos y labores sobre tabaco.
Los agentes comprobaron como la empresa dedicada a las «labores de tabaco» simulaba dedicarse a una actividad legal (venta de hoja de tabaco) pero en realidad realizaba la transformación de la hoja de tabaco para vender el producto resultante a diferentes puntos de la geografía nacional, con nombres de falsos remitentes para ocultar la identidad de los autores.
De esta forma conseguían evadir los controles de las autoridades competentes sanitarias, debido a que su presunta actividad comercial solo consistía en la distribución del producto y no en su elaboración para su consumo final.
Con todos los datos aportados por las investigaciones efectuadas, se procedió a dar inició a la explotación de la operación para proceder a la detención de los integrantes de la organización.
La primera fase se inició en noviembre del 2017, al incautarse más de una tonelada y media de tabaco en una nave del municipio murciano de Lorquí; las investigaciones llevaron posteriormente a la incautación de más de siete toneladas de tabaco en la localidad valenciana de Beniparrell y la detención de otra persona.
Posteriormente, los agentes comprobaron la presencia, en la provincia de Sevilla, de parte del entramado criminal, que adquiría partidas de tabaco ilegal a través de la empresa pantalla dirigida por el detenido en Valencia.
La segunda fase de la explotación se desarrolló en diversas localidades de Sevilla, donde se detuvo a trece personas y se investigó a otras seis y se realizaron nueve registros, en los que se desarticularon tres importantes centros de manipulación del tabaco.
De este modo se ha evitado que se pongan en circulación más de diecinueve toneladas de tabaco que no presentaban los controles sanitarios requeridos ya que utilizaban sustancias químicas para mejorar el olor y sabor del tabaco, han destacado las mismas fuentes.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia y Sevilla y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia y Sevilla.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de contrabando de tabaco, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, contra la salud pública, falsedad documental y organización criminal.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Molina de Segura (Murcia).
