Madrid, 29 sep (EFE).- El contrabando de tabaco es una lacra social, frena el desarrollo económico de España y está conectado con el crimen organizado, ha dicho la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo, en la conclusión de las XXI Jornadas “El comercio ilícito del tabaco frena el desarrollo”.
En esta conferencia, organizada por Altadis y el Nuevo Lunes, Ingelmo ha insistido en que ese freno a la economía está valorado en unos 10.000 millones de euros en Europa y en 1.035 millones de euros en España, lo que se deja de ingresar en las arcas del Estado.
“Esta pérdida afecta a otras partidas y pone en peligro la financiación de Estado del bienestar”, según Juan Luis Nieto, presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Nieto ha insistido en que los niveles de contrabando siempre han estado en correlación con la crisis, por lo que se ha hecho más evidente en los años 2011 y 2012.
“En Altadis nos preocupa especialmente el contrabando, y por ello, la compañía está decidida, como país piloto del grupo Imperial Tobacco, a liderar la lucha contra esta práctica ilegal”, ha afirmado el presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga.
Ingelmo ha recordado que el 10,6 % de los cigarrillos consumidos en España son de procedencia ilegal, en cajetillas que no llevan precinto fiscal ni han pagado impuestos.
Este porcentaje ha ido creciendo desde 2010, cuando se situaba en el 3,9 %, según el informe de Ipsos Marketing, financiado por las cuatro principales tabacaleras (British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International y Philip Morris).
Ha precisado que las causas de este consumo ilegal de tabaco se deben principalmente “a la crisis, el aumento de los precios por el alza de impuestos y la cercanía de tres Estados en los que no se aplica la misma política de impuestos, como son Andorra, Canarias y Gibraltar”.
El director jurídico de Altadis, Ignacio Millán, ha relacionado el contrabando con las mafias organizadas y ha advertido que “la imagen de los manteros está distorsionada”.
Esa permisividad social hacia el último eslabón de la cadena “permite que nos encontremos en esta situación y se favorezca la competencia desleal con ciudadanos honrados que pagan sus impuestos”, ha indicado Millán.
El director general de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), José Antonio Moreno, ha hecho hincapié en esa permisividad social y en que “el 38 % de los consumidores ve que las falsificaciones son un acto de protesta contra las marcas”.
La Jefa de Área de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribunales de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM), Silvia Navares, ha presentado un estudio sobre falsificaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior sobre el Impacto de las Falsificaciones, en colaboración con Europol.
Ha destacado cómo las mafias traen de otros países, como China, diferentes partes de las cajetillas del tabaco para ensamblarlas en zonas de libre comercio y venderlas de forma ilegal.
“Algunas veces el dinero de estas prácticas está ligado a actos terroristas, como el atentado del 11 de marzo en Madrid que se financió con cedés falsos”, según el informe, ha explicado Navares.
Como medidas para erradicar el contrabando “es importante concienciar a la población contra esta práctica y flexibilizar los criterios de autorización de las extensiones de los estancos, entre otras, han apuntado los responsables de Altadis.
