San Sebastián, 19 abr (EFEAGRO).- La Audiencia de Gipuzkoa juzgará el próximo junio a una red internacional de contrabando, dirigida desde el País Vasco, que presuntamente introducía por vía marítima grandes cantidades de tabaco en nuestro país a través de las costas de Baleares.
La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los diez años, y los siete años y medio de cárcel para cinco de los nueve acusados -cuatro guipuzcoanos y un libanés-, a los que imputa un delito de organización criminal y otro de contrabando.
Además de estas penas de prisión, el Ministerio público reclama una multa próxima a los 20 millones de euros para cada uno de los procesados y que, de forma conjunta, indemnicen a la Agencia Tributaria con cuatro millones de euros más los correspondientes intereses legales.
Los otros cuatro procesados, tres libaneses y un sirio, formaban parte de la tripulación del remolcador de bandera hondureña «White Eagle» -en el que también viajaban dos de los otros acusados-, que fue abordado en aguas jurisdiccionales españolas próximas a Baleares el 4 de diciembre de 2013 por efectivos de departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, quienes se incautaron de 347.538 cajetillas de tabaco, valoradas en 1,37 millones de euros.
Unos días antes, la madrugada del 2 de diciembre, los tripulantes del remolcador presuntamente habían descargado en una cala del sur de Menorca 1.211 cajas de tabaco, con un total de 885.500 cajetillas, valoradas en 3,55 millones de euros.
Según informó en su día la Agencia Tributaria, el remolcador, donde habían sido acondicionados tres contenedores con capacidad para 1.250.000 cajetillas, había declarado que transportaba tabaco desde un país de Oriente Medio a otro de África Occidental pero, una vez en ruta, antes de cruzar el estrecho de Gibraltar, varió su rumbo y se dirigió hasta aguas de las Islas Baleares para alijar el contrabando en sus costas.
Tras el abordaje, que tuvo lugar cerca de Menorca, funcionarios de la Agencia Tributaria en el País Vasco detuvieron y pusieron a disposición judicial a los dos principales dirigentes de la trama y a una tercera persona, y registraron sus domicilios en Orio y San Sebastián, donde residía el capitán del remolcador.
En esta misma operación, denominada «Hunt Eagle» y en la que colaboraron la Oficina de Lucha Anti Fraude de la Comisión Europea (OLAF) y otras aduanas europeas, se intervinieron diversa documentación y equipamientos informáticos.
La Fiscalía de Gipuzkoa considera ahora que los cinco principales acusados «conformaban una red criminal organizada dedicada a la introducción ilegal en España de grandes cantidades de tabaco procedentes de países no comunitarios, eludiendo los controles y requisitos legales, para su distribución en nuestro país o su envío» a otros lugares como el Reino Unido e Irlanda.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso EFE, para el transporte del tabaco, los encausados «poseían y utilizaban» el citado remolcador, de 32 metros de eslora, y bandera «de conveniencia», con el que presuntamente «realizaron, durante 2012 y principios de 2013, al menos cinco transportes de tabaco» desde un puerto de Chipre.
Este puerto «constituía su base de operaciones», hasta España, si bien, para ocultarlo, hacían constar que los destinos del envío eran países africanos.
El Ministerio Público considera a uno de estos cinco acusados como el «máximo dirigente» del grupo, mientras que otro era su «hombre de confianza» y el tercero presuntamente era el encargado de «todas las gestiones relativas a la adquisición, transporte y descarga del tabaco».
Un cuarto miembro del grupo colaboraría en los trámites y gestiones necesarios y el quinto supuestamente realizaba la supervisión de la descarga de la mercancía en España.
La Fiscalía señala que los otros cuatro procesados, tripulantes del citado remolcador, «conocían perfectamente el propósito y destino del viaje, así como el contenido de la carga que transportaban».
Añade que además de realizar sus funciones en el barco, debían colaborar en la descarga de las cajas de tabaco en la costa, percibiendo, además de su salario, una cantidad suplementaria por cada caja transportada».
El juicio por estos hechos ha sido señalado para el próximo 18 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
